La Ley de Memoria Histórica 52/2007,de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, es una ley del ordenamiento jurídico español, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007,12 partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del día 28 de julio de 2006, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (viii y ix legislaturas) como presidente del Gobierno.
Incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados, autodenominado bando nacional durante la contienda, realizadas desde entidades privadas —como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Foro por la Memoria— o comunidades autónomas.
La ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista, ha criticado que en su preámbulo, el texto afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar, negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La insatisfacción con el texto de la ley llevó a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, el 14 de diciembre de 2006.
Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella.
Bajo el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura), la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación.